Hipotecas Multidivisa. Una pesadilla para muchos pequeños consumidores.

En todo el territorio nacional se cree que existen unas 110.000 personas afectadas por las Hipotecas Multidivisa. Durante los años 2006 a 2009, los bancos ofrecieron en masa este producto, que a priori era muy atractivo al consumidor al ofrecer hipotecas que tomaban como índice de referencia divisas de menor valor que el Euribor, como pueden ser el Franco Suizo o el Yen, lo que permitiría, en teoría, poder acceder a intereses más reducidos que en las hipotecas normales, pero que constituían un producto complejo, no apto para todo tipo de clientes. 

En la práctica, se constató que este producto financiero tenía mayor complejidad y riesgo que el publicitado, y que al estar sujeto a las fluctuaciones del mercado de divisas y de los tipos de interés, provocó que muchas de las personas con estos productos se viesen muy perjudicadas económicamente por su elección.  Esto lo que quiere decir, que si una persona adquiría una hipoteca de este tipo, debía estar controlando casi diariamente la fluctuación de la divisa, para poder evitar que una apreciación de la divisa de referencia respecto al Euro, no hiciera que fuese impagable la hipoteca.

Una hipoteca multidivisa es, según sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2015, un producto financiero complejo, es decir, un producto de riesgo. Y al ser un producto financiero complejo, se debe someter a la Ley de Mercado de Valores y a la Normativa Europea de Protección del Consumidor de Productos de Inversión, que garantizan que las personas que firmen estos productos tengan los conocimientos financieros suficientes para ser conscientes de lo que están adquiriendo.

 

Esta garantía es la que, desde un punto de vista jurídico, permite a las personas afectadas poder reclamar judicialmente e intentar demostrar que adquirieron estos productos sin entender exactamente qué contrataban, sin recibir toda la información detallada por parte de la entidad bancaria, que incumplía con ello su deber de transparencia bancaria, y que por ello esos contratos no deben tener validez al faltarles el consentimiento adecuadamente informado y libremente prestado por el consumidor.

Siguiendo este argumento, están siendo muchos los afectados por este tipo de hipotecas que han iniciado acciones judiciales para instar la nulidad –ya sea parcial o total- de su hipoteca multidivisa. Las sentencias a favor de esta nulidad se van repitiendo desde hace meses, destacando especialmente la Sentencia 323/2015 del 30 de junio del Tribunal Supremo que certifica la complejidad que la hipoteca multidivisa tiene para el consumidor (y por lo tanto la necesidad de que el contratante entienda perfectamente el producto al ser contratado), y que afectan al consumidor en dos aspectos fundamentales para reconfigurar su hipoteca:

  1. 1.       Por un lado, la vinculación de su hipoteca con el euríbor como índice de referencia.
  2. 2.       Y teniendo como base este nuevo índice, la devolución de aquellas cantidades que el consumidor haya pagado de más.

De esta manera, si como afectado por este tipo de hipoteca, no consigue llegar a un acuerdo con la entidad bancaria con la que tiene este préstamo, póngase en contacto con nuestro equipo de profesionales para interponer una demanda judicial para solicitar la nulidad de su préstamo vinculado a las cláusulas multidivisa.

Confíe en BFP Abogados su caso para poder recuperar su dinero y reconvertir su hipoteca sin abusos.

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Dpto. Penal. Nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.

 

LEY DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA PARA UNOS; “LEY MORDAZA” PARA OTROS.

El pasado 31 de marzo de 2015 tuvo lugar la publicación en el BOE de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal. El mismo día, 30 de marzo, se aprobó la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Ambas leyes han entrado en vigor el día 1 de julio de 2015, tras una “vacatio legis” de tres meses.

La primera, supone la reforma más profunda acometida hasta el momento del vigente Código Penal de 1995, modificando 252 de sus artículos y suprimiendo 32.

La reforma abarca artículos de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, de la Ley de Indulto, del Tribunal del Juzgado, entre otras.

Una de las más importantes modificaciones del Código Penal que hasta ahora conocíamos consiste en la inclusión de la cadena perpetua como pena en nuestro Ordenamiento Jurídico, la cual ha sido denominada como “prisión permanente revisable”. Su inclusión no ha contentado a la mayoría de representantes institucionales, motivo por el que será recurrida ante el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, en el presente artículo nos vamos a centrar en la segunda de las leyes mencionadas, la que si bien ha sido denominada por el Legislador como Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, la ciudadanía la conoce como “Ley mordaza”.

Como nos decía un antiguo profesor de Derecho Penal, D. Gerardo Landrove, que aunque los alumnos pasemos olímpicamente de los preámbulos legales y nos vayamos directamente al articulado, todos deberíamos leer esa especie de introducción y justificación sobre su necesidad, pues nos aclararía bastante el espíritu del cuerpo legal que tenemos ante nosotros.

Pues bien, en el caso que nos ocupa, el legislador trata de justificar el endurecimiento de las sanciones a determinadas conductas de protesta social, que son consideradas “faltas de respeto” a las autoridades o ausencia de colaboración con las mismas, bajo la      de la protección de la seguridad de la ciudadanía, y así lo establece en el preámbulo: “En el marco del artículo 149.1.29.ª de la Constitución y siguiendo las orientaciones de la doctrina constitucional esta Ley tiene por objeto la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad ciudadana, e incluye un conjunto plural y diversificado de actuaciones, de distinta naturaleza y contenido, orientadas a una misma finalidad tuitiva del bien jurídico protegido”.

 Sin embargo, si analizamos detalladamente el texto legal, esta ley vulnera, por entrar en contradicción directa con ellos, ni más ni menos que doce artículos de la Constitución Española. Los derechos afectados son fundamentalmente los de tutela judicial efectiva, manifestación, reunión y expresión.

La norma regula como sanciones administrativas una serie de conductas que, en su mayoría, estaban incluidas en el antiguo Código Penal y eran consideradas como simples faltas. Si bien es cierto que desparecen las faltas, no es menos cierto que los hechos siguen siendo los mismos. La diferencia radica en la calificación de los mismos, es decir, algunos de ellos se ubican en otro libro del código penal bajo la rúbrica de “delitos leves”, y otras acciones u omisiones típicas desaparecen por completo de nuestro código penal de 1995 y pasan a formar parte de la Ley de Seguridad Ciudadana, siendo la Administración Publica competente la que imponga la sanción que en cada caso concreto corresponda. Lo cierto es que el Legislador ha impulsado una norma que afecta a derechos tan fundamentales de la persona como el de manifestación, creando nuevas conductas punibles, y sustrayendo de la intervención judicial su penalización.

El porqué de la polémica suscitada con la aprobación de esta Ley no es otro que el siguiente: el poder legislativo tiene como marco para ejercer sus funciones la Constitución Española. La Carta Magna consagra una serie de Derechos Fundamentales, así como unos derechos y garantías de todos los ciudadanos. Como decíamos, el legislador tiene como función articular la legislación a través de normas que garanticen y consagren el ejercicio de dichos derechos y libertades. El único límite al ejercicio de nuestros derechos es efectivamente el respeto a los derechos de los demás. Poniendo un ejemplo sencillo: el ejercicio de la libertad de expresión de cualquier persona queda limitado cuando constituye una falta a los derechos de los demás, es decir, al honor, a la intimidad o la propia imagen, que como la libertad de expresión son también derechos fundamentales constitucionalmente consagrados.

Ahora bien, el contenido de la Ley que estamos analizando parece acreditar que el Legislador ha olvidado que al ejercer sus funciones promulgando esta serie de modificaciones legislativas está supeditado a un principio básico en Derecho: la proporcionalidad entre el sacrificio de derecho fundamental y la situación que se intenta proteger.

Un claro ejemplo de ello es el contenido del art. 20 de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que permite los registros corporales externos cuando existan “indicios racionales” de hallar instrumentos o efectos relevantes para el ejercicio de indagación y prevención, dejando la valoración indiciaria a los agente de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, sin establecer, tal y como exige la Jurisprudencia Constitucional de manera reiterada, una serie de requisitos básicos que establezcan qué son esos “indicios racionales”, a fin de no dejar esa decisión al arbitrio de la persona que realiza el registro, pues de esta manera pueden generarse situaciones de inseguridad para la población, que no sabe en qué momento ni por qué motivo puede verse sometido a un registro que conculca derechos constitucionales.

Otro ejemplo más clarificante aún si cabe, y entiendo que el que mayor polémica suscita, es el  art. 23. que regula las “Reuniones y manifestaciones”, consintiendo que las autoridades puedan adoptar las medidas que consideren necesarias para proteger la celebración de reuniones y manifestaciones, impidiendo que se perturbe la seguridad ciudadana, así como acordar la disolución de reuniones en lugares de tránsito público, pudiendo incluso llega a disolver las concentraciones de vehículos en las vías públicas y retirar aquéllos cuando impidan o dificulten la circulación por dichas vías, advirtiendo que dichas medidas de intervención deberán ser proporcionadas a las circunstancias. El problema viene cuando nos damos cuenta de que los encargados de decidir si la intervención es proporcionada, son los mismos que tienen que llevarla a cabo, sin que la Ley establezca limitación alguna, motivo por el que difícilmente un ciudadano va a poder acreditar que las medida de intervención llevada a cabo en una reuniones o manifestaciones no ha sido gradual, pues nos encontraremos con su palabra frente a la de los agentes de los cuerpos de seguridad, cuyas manifestaciones, además, se presuponen veraces. Además, las sanciones impuestas por estos hechos son desproporcionadas.

Todo ello va en evidente contraposición con el derecho fundamental de reunión pacífica y manifestaciones recogido en el art. 21 de la CE.

Si bien es comprensible el hecho de que la legislación debe dar cabida a los cambios sociales que de manera inevitable se van produciendo, y tiene que a adaptarse lo más adecuadamente posible a la sociedad actual  y al contexto social de cada momento, en mi opinión, en este caso lo que se pretende es disuadir a la ciudadanía de realizar determinadas conductas, más que protegerla, y proteger a determinadas clases sociales más que a la ciudadanía.

No podemos pasar por alto que el articulado de la nueva Ley carece de las características que considero necesarias para que un texto legal penal sea compresible, debiendo para ello ser conciso y alardear de claridad y brevedad. Todo aquello que sea distinto a lo descrito me parece demasiado obtuso, denso y difícil de comprender por los ciudadanos, lo cual es contraproducente, pues son ellos quienes al fin y a la postre están los obligados a cumplir las Leyes que les son impuestas, pues de todos es conocido que el desconocimiento de las mismas no exime de su cumplimiento.

Desde mi punto de vista, considero que no era necesaria una reforma tan profunda del Código Penal que implicara el nacimiento de una nueva Ley para regular conductas que, de ser punibles que ya estaban contempladas en el Código Penal, y si no se recogían en el mismo es porque su carácter era tan leve que no precisaba de regulación.

Sin embargo, siempre se podrá encontrar detractores y quien la aplauda, como no puede ser de otra forma. Sólo el paso del tiempo decidirá si la implantación de esta Ley es o no necesaria.

 

Mª Fuensanta Muñoz

Abogada

BFP Abogados – Barcelona 2015

 

 

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PROYECTO DE LEY. NUEVO SISTEMA PARA LA VALORACIÓN DE LOS DAÑOS PERSONALES EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN

Hola a todos,

Ya se ha publicado el proyecto de ley que reformará la forma de valorar los daños sufridos por las personas en los accidentes de circulación.

Aunque por ahora se trata solo de un proyecto de ley, es probable que el Gobierno lo apruebe antes de que acabe la legislatura y nos encontremos con un escenario totalmente nuevo.

Se va a cambiar totalmente la forma de valorar las lesiones, y sobre todo, se van a dejar de indemnizar daños que hasta ahora eran indemnizables.

Desde nuestro despacho de abogados, estamos analizando este proyecto y en breve, os colgaremos un articulo valorando pormenorizadamente toda la reforma.

Hasta entonces os dejamos el Proyecto para que lo podáis consultar.

proyecto de ley nuevo baremo de accidentes de trafico 2015

Saludos

BFP Abogados

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Baremo de trafico 2015.

Hola Amigos,

Os adjuntamos el baremo aplicable durante el 2015.

baremo de trafico 2015

Y parece ser que será el último, ya que el gobierno está preparando un proyecto de ley que reformará y actualizará de una forma significativa el nuevo baremo de accidentes de tráfico.

Estaremos atentos y os mantendremos informados.

Un saludo a todos.

BFP Abogados

 

 

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ANTEPROYECTO DE REFORMA DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL. AGOSTO HABIL PARA TODAS LAS JURISDICCIONES

Estimados amigos,

El pasado día 5 de abril, fue aprobado el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial. Se trata de una reforma un tanto controvertida, puesto que ha despertado diversas opiniones acerca de los cambios que el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha incluido en la reforma de LOPJ bajo los objetivos de adaptación a las nuevas situaciones sociales.

Alguna de las novedades que se incluyen en la redacción del texto, son por ejemplo el incluir en el Aforamiento a figuras como la Reina, el Príncipe y su esposa, quienes en el caso de cometer delito alguno, serian juzgados por el Tribunal Supremo y no por la vía de la jurisdicción ordinaria. Por lo tanto con esta adición, se esquiparan su figura con la de los ministros y diputados quienes también ostentan la condición de aforados, alcanzando en España la cantidad de 10.000 aforados, una cantidad excesiva si se compara con otros países, quienes en alguno de ellos, ni siquiera existe esta figura, y en el caso de que alguno de los jefes de estado cometiera un ilícito sería juzgado mediante la jurisdicción ordinaria y no por el Alto Tribunal, como es el caso del Tribunal Supremo o los Superiores de Justicia, en el caso de los autonómicos. Acerca de esta novedad existen muchas opiniones que se muestran desfavorables a mantener una figura que no aporta novedad y que no tiene sentido seguir manteniéndola en pleno siglo XXI, además que es un retroceso que aun sigan existiendo este tipo de “privilegios” y que se produce una cierta imparcialidad en cuanto en el caso de que un ministro y/o diputado tenga que ser juzgado, que lo sea por un órgano tan sumamente politizado como es el caso del Tribunal Supremo, cuyos miembros son elegidos por miembros del Gobierno.

Además, otra de las reformas que se incluyen en este anteproyecto es la creación de los Tribunales Provinciales de Instancia, esta novedad quiere juntar a todos los juzgados bajo una Unidad Judicial con el objetivo de que no se produzcan tanta desigualdad en las cargas de trabajo que sufren los distintos juzgados ofreciendo mayor flexibilidad en el reparto de asuntos aportando este cambio facilidades en la unificación de doctrina puesto que se permitirá que se instruya casos de especial relevancia por tres jueces dando ofreciendo más seguridad jurídica, de esta manera se produce una restructuración del Tribunal Provincial de Instancia el cual cuenta con una Sala para cada orden jurisdiccional y cada Sala incluirá unidades especializadas.

De otra banda, esta reforma eliminará la figura de los Jueces de Paz, quedando el Juzgado de Paz como auxiliares de funciones del Registro Civil, y se producirá una ampliación en competencias de los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo en el que además se modifica la antigüedad para ser magistrado del Tribunal Supremo elevándose a veinte años en la carrera profesional y se le amplia la potestad de revisión de Sentencias dictadas por el TEDH en cuestiones de vulneración de derechos.

Otra novedad destacada de este anteproyecto es la Cuestión jurisprudencial previa, de manera que en caso de que la jurisprudencia utilizada por el Tribunal Supremo sea injusta o produzca situaciones de injusticia, los demás Jueces y Unidades Judiciales podrán ponerlo de manifiesta, planteando cuestiones previas ante el Alto Tribunal.
En cuanto a la carrera judicial y la independencia del Consejo General del Poder Judicial las novedades que incluye esta reforma, van encaminadas a fortalecer la independencia del Poder Judicial y reconociendo además la libre asociación de Jueces y regulando la financiación de dichas asociaciones para garantizar la imparcialidad. En cuanto el acceso a la carrera judicial, una novedad destacable es la desaparición de las categorías, nombrándose a todos como Jueces, aunque de manera honorifica se les otorgara el tratamiento de magistrados. Por lo que respecta a la Responsabilidad Judicial se modifica el régimen de responsabilidades directas del juez, siendo el Estado que una vez siendo declarado como responsable del daño causado, podrá utilizar el derecho de repetición para exigir la reparación del daño cuando éste sea causado directamente por el Juez.

La figura de los Secretarios Judiciales también sufre ciertas modificaciones con el nuevo anteproyecto, de manera que ya no serán denominados como Secretarios Judiciales sino que pasaran a denominarse Letrados de la Administración de Justicia, aunque manteniendo sus funciones anteriores. Como novedad, además del cambio de denominación, es el régimen de infracciones que se les puede imponer, puesto que en la redacción de la LOPJ a diferencia de los jueces, los secretarios judiciales no podían ser sancionados.

Por último, otra de las novedades, es la habilitación del mes de Agosto, por lo tanto, habría actividad judicial durante los doce meses del año. En la redacción del anteproyecto se justifica esta habilitación para poder depurar expedientes cuya dilación en el tiempo para ser juzgados pueda producir daños o perjuicios en el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia y poder así, desatascar la cantidad de expedientes judiciales que no han sido juzgados de momento y que llevan un atraso considerable.

Alguna de estas novedades que se incluyen en este anteproyecto están destinadas a mejorar el procedimiento y el funcionamiento de la Administración de Justicia, aunque muchos profesionales de este ámbito han puesto de manifiesto su contrariedad con las reformas, estableciendo que más de alguna novedad no favorece en absoluto a modernizar la Justicia, como es el caso de la novedad en el aforamiento, es más, también se ha criticado el hecho de que para agilizar los Tribunales no es necesario el hecho de aumentar el número de jueces que se dediquen a instruir sino que lo que verdaderamente es necesario es aumentar los recursos económicos y materiales destinados a la Administración de Justicia puesto que de lo que sí carece la Administración de Justicia es de recursos para poder así lograr el objetivo de desatascar el embudo de expedientes atrasados que colapsa los Juzgados.

Veremos las modificaciones que sufre en trámite parlamentario, y como queda definitivamente.

Saludos

BFP Abogados

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Baremo accidentes de Trafico para el año 2014

Estimados amigos,

Ya se ha publicado el baremo aplicable a los accidentes de trafico del año 2014.

Se actualizan los importes aplicables para el cálculo de las indemnizaciones. Recordad que este baremo se aplica para el cálculo de las lesiones que cursan alta durante el 2014, más allá de cuando se haya producido el accidente.

Es recomendable consultar a un abogado para su aplicación, ya que es bastante complejo, y el cálculo de las indemnizaciones puede variar sustancialmente si no se hace correctamente.

Aquí lo tenéis baremo accidentes 2014

Saludos

BFP Barcelona Abogado

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Depto. Civil. Conseguimos sentencia contra Compañía de Seguros en Accidente de Baja intensidad o sin importantes daños materiales en los vehículos.

Sentencia accidente baja intensidad

Estimados lectores,

Os queremos hacer partícipes de un importante exito de nuestros abogados de nuestro despacho de Barcelona, que entre otras, está especializado en accidentes de tráfico. Ultímamente nos encontramos con casos en los que las compañías se niegan a negociar con una especial virulencia, y es estos son los accidentes en los que los vehículos sufren escasos daños. Es por ello, que resulta importante toda sentencia que fija los casos en los que resulta procedente la indemnización aunque no existan daños o estos sean de escaso valor.

A nosotros nos gustas partir de una premisa, que las compañías suelen obviar, y es que siempre será más resistente un coche que una persona. Y esto que parece obvio, es ciertamente alegado por las compañías. “Si el coche no sufrió daños, la persona tampoco”. Y eso no es necesariamente así, ni siquiera en la mayoría de los casos. Un accidente de trafico de baja intensidad puede y de hecho provoca en muchas ocasiones más daños que uno donde los vehículos sufren más daños. Y ello es, porque en los casos en los que el vehículo no absorbe a traves de la deformación la energía del impacto, esta se transmite a los ocupantes, simulando un efecto látigo, que provoca innumerables lesiones.

Es por ello, que os invitamos a leer esta sentencia.

BFP Abogados

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Baremo para el Cálculo de indemnizaciones por accidentes de trafico 2013.

baremo accidentes 2013

Hola a todos,

Aquí os dejamos el nuevo baremo aplicable a las victimas de accidentes de tráfico cuya estabilización lesional se produzca en el año 2013.

Esperamos que os sea de utilidad.

BFP Abogados

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Civil. Sentencia que rechaza el criterio de las compañías de valoración de lesional por accidente de tráfico.

Nuestros abogados  obtienen una sentencia muy positiva para los intereses de nuestro cliente.  En este caso, la compañía alegaba que dada la poca entidad de los daños de los vehículos, no procedía el abono de la indemnización pedida.

Otra vez, toma importancia la actuación del perito, y la elección de este por nuestros abogados.  En este caso, el perito aportado por nosotros fue más valorado por su Señoría, que el de la compañía, que postulaba unas lesiones muy reducidas unicamente sostenidas en la valoración subjetiva de su perito.  Valoración que contradecía los informes médicos aportados y que fue rechazada por el Juez que llega a decir la determinación del periodo de estabilización lesional debe responder en todo caso al tiempo efectivo que el paciente tarda en sanar en cada caso concreto y no a las meras hipótesis o juicios probabilísticos sostenidos por la demandada (la cia. de seguros), cuyo perito de parte no práctico reconocimiento alguno del paciente“.

Una vez más, nuestros abogado demuestran que a pesar de que las compañías cada vez ponen más trabas para abonar la justa indemnización, se obtienen buenos resultados, cuando se realiza un buen trabajo.

Aquí os dejamos la sentencia Accidente de Trafico de 19/12/2012

Si quereis alguna aclaración o ampliación, no dudeis en dejar algún comentario.

BFP Abogados

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Se aprueba el nuevo modelo de Tasa Judicial. Hacemos un resumen de las novedades.

Desde nuestro despacho, hemos querido hacer un resumen de las principales novedades introducidas por la Orden HAP/2662/2012, de 13 de Diciembre de 2012, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación y que afectará no solo a los clientes, sino también a la profesión de Procurador y Abogado.

Esta es el famoso modelo que faltaba para que la controvertida Tasa Judicial entrara en vigor definitivamente.  Con lo que a partir del 17 de diciembre de 2012, ya es obligatorio liquidarla, no así con las devengadas con anterioridad a su entrada en vigor, aún después de la publicación de la ley de Tasas.

Aquí os dejamos un articulo confeccionado por nuestro despacho Nuevo Modelo 696 de la Tasa Judicial, que os ayudará a entender la tasa y a poder calcular su cuantía.

Si queréis el documento original del Boe, aquí os lo dejamos Orden Boe Tasa Judicial.

Muchas Gracias.

BFP Abogados Barcelona.

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