Dpto. Penal. Nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.

 

LEY DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA PARA UNOS; “LEY MORDAZA” PARA OTROS.

El pasado 31 de marzo de 2015 tuvo lugar la publicación en el BOE de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal. El mismo día, 30 de marzo, se aprobó la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Ambas leyes han entrado en vigor el día 1 de julio de 2015, tras una “vacatio legis” de tres meses.

La primera, supone la reforma más profunda acometida hasta el momento del vigente Código Penal de 1995, modificando 252 de sus artículos y suprimiendo 32.

La reforma abarca artículos de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, de la Ley de Indulto, del Tribunal del Juzgado, entre otras.

Una de las más importantes modificaciones del Código Penal que hasta ahora conocíamos consiste en la inclusión de la cadena perpetua como pena en nuestro Ordenamiento Jurídico, la cual ha sido denominada como “prisión permanente revisable”. Su inclusión no ha contentado a la mayoría de representantes institucionales, motivo por el que será recurrida ante el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, en el presente artículo nos vamos a centrar en la segunda de las leyes mencionadas, la que si bien ha sido denominada por el Legislador como Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, la ciudadanía la conoce como “Ley mordaza”.

Como nos decía un antiguo profesor de Derecho Penal, D. Gerardo Landrove, que aunque los alumnos pasemos olímpicamente de los preámbulos legales y nos vayamos directamente al articulado, todos deberíamos leer esa especie de introducción y justificación sobre su necesidad, pues nos aclararía bastante el espíritu del cuerpo legal que tenemos ante nosotros.

Pues bien, en el caso que nos ocupa, el legislador trata de justificar el endurecimiento de las sanciones a determinadas conductas de protesta social, que son consideradas “faltas de respeto” a las autoridades o ausencia de colaboración con las mismas, bajo la      de la protección de la seguridad de la ciudadanía, y así lo establece en el preámbulo: “En el marco del artículo 149.1.29.ª de la Constitución y siguiendo las orientaciones de la doctrina constitucional esta Ley tiene por objeto la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad ciudadana, e incluye un conjunto plural y diversificado de actuaciones, de distinta naturaleza y contenido, orientadas a una misma finalidad tuitiva del bien jurídico protegido”.

 Sin embargo, si analizamos detalladamente el texto legal, esta ley vulnera, por entrar en contradicción directa con ellos, ni más ni menos que doce artículos de la Constitución Española. Los derechos afectados son fundamentalmente los de tutela judicial efectiva, manifestación, reunión y expresión.

La norma regula como sanciones administrativas una serie de conductas que, en su mayoría, estaban incluidas en el antiguo Código Penal y eran consideradas como simples faltas. Si bien es cierto que desparecen las faltas, no es menos cierto que los hechos siguen siendo los mismos. La diferencia radica en la calificación de los mismos, es decir, algunos de ellos se ubican en otro libro del código penal bajo la rúbrica de “delitos leves”, y otras acciones u omisiones típicas desaparecen por completo de nuestro código penal de 1995 y pasan a formar parte de la Ley de Seguridad Ciudadana, siendo la Administración Publica competente la que imponga la sanción que en cada caso concreto corresponda. Lo cierto es que el Legislador ha impulsado una norma que afecta a derechos tan fundamentales de la persona como el de manifestación, creando nuevas conductas punibles, y sustrayendo de la intervención judicial su penalización.

El porqué de la polémica suscitada con la aprobación de esta Ley no es otro que el siguiente: el poder legislativo tiene como marco para ejercer sus funciones la Constitución Española. La Carta Magna consagra una serie de Derechos Fundamentales, así como unos derechos y garantías de todos los ciudadanos. Como decíamos, el legislador tiene como función articular la legislación a través de normas que garanticen y consagren el ejercicio de dichos derechos y libertades. El único límite al ejercicio de nuestros derechos es efectivamente el respeto a los derechos de los demás. Poniendo un ejemplo sencillo: el ejercicio de la libertad de expresión de cualquier persona queda limitado cuando constituye una falta a los derechos de los demás, es decir, al honor, a la intimidad o la propia imagen, que como la libertad de expresión son también derechos fundamentales constitucionalmente consagrados.

Ahora bien, el contenido de la Ley que estamos analizando parece acreditar que el Legislador ha olvidado que al ejercer sus funciones promulgando esta serie de modificaciones legislativas está supeditado a un principio básico en Derecho: la proporcionalidad entre el sacrificio de derecho fundamental y la situación que se intenta proteger.

Un claro ejemplo de ello es el contenido del art. 20 de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que permite los registros corporales externos cuando existan “indicios racionales” de hallar instrumentos o efectos relevantes para el ejercicio de indagación y prevención, dejando la valoración indiciaria a los agente de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, sin establecer, tal y como exige la Jurisprudencia Constitucional de manera reiterada, una serie de requisitos básicos que establezcan qué son esos “indicios racionales”, a fin de no dejar esa decisión al arbitrio de la persona que realiza el registro, pues de esta manera pueden generarse situaciones de inseguridad para la población, que no sabe en qué momento ni por qué motivo puede verse sometido a un registro que conculca derechos constitucionales.

Otro ejemplo más clarificante aún si cabe, y entiendo que el que mayor polémica suscita, es el  art. 23. que regula las “Reuniones y manifestaciones”, consintiendo que las autoridades puedan adoptar las medidas que consideren necesarias para proteger la celebración de reuniones y manifestaciones, impidiendo que se perturbe la seguridad ciudadana, así como acordar la disolución de reuniones en lugares de tránsito público, pudiendo incluso llega a disolver las concentraciones de vehículos en las vías públicas y retirar aquéllos cuando impidan o dificulten la circulación por dichas vías, advirtiendo que dichas medidas de intervención deberán ser proporcionadas a las circunstancias. El problema viene cuando nos damos cuenta de que los encargados de decidir si la intervención es proporcionada, son los mismos que tienen que llevarla a cabo, sin que la Ley establezca limitación alguna, motivo por el que difícilmente un ciudadano va a poder acreditar que las medida de intervención llevada a cabo en una reuniones o manifestaciones no ha sido gradual, pues nos encontraremos con su palabra frente a la de los agentes de los cuerpos de seguridad, cuyas manifestaciones, además, se presuponen veraces. Además, las sanciones impuestas por estos hechos son desproporcionadas.

Todo ello va en evidente contraposición con el derecho fundamental de reunión pacífica y manifestaciones recogido en el art. 21 de la CE.

Si bien es comprensible el hecho de que la legislación debe dar cabida a los cambios sociales que de manera inevitable se van produciendo, y tiene que a adaptarse lo más adecuadamente posible a la sociedad actual  y al contexto social de cada momento, en mi opinión, en este caso lo que se pretende es disuadir a la ciudadanía de realizar determinadas conductas, más que protegerla, y proteger a determinadas clases sociales más que a la ciudadanía.

No podemos pasar por alto que el articulado de la nueva Ley carece de las características que considero necesarias para que un texto legal penal sea compresible, debiendo para ello ser conciso y alardear de claridad y brevedad. Todo aquello que sea distinto a lo descrito me parece demasiado obtuso, denso y difícil de comprender por los ciudadanos, lo cual es contraproducente, pues son ellos quienes al fin y a la postre están los obligados a cumplir las Leyes que les son impuestas, pues de todos es conocido que el desconocimiento de las mismas no exime de su cumplimiento.

Desde mi punto de vista, considero que no era necesaria una reforma tan profunda del Código Penal que implicara el nacimiento de una nueva Ley para regular conductas que, de ser punibles que ya estaban contempladas en el Código Penal, y si no se recogían en el mismo es porque su carácter era tan leve que no precisaba de regulación.

Sin embargo, siempre se podrá encontrar detractores y quien la aplauda, como no puede ser de otra forma. Sólo el paso del tiempo decidirá si la implantación de esta Ley es o no necesaria.

 

Mª Fuensanta Muñoz

Abogada

BFP Abogados – Barcelona 2015

 

 

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